LA PLUSVALÍA MUNICIPAL ES INCONSTITUCIONAL CUANDO NO HA HABIDO INCREMENTO EFECTIVO DEL VALOR DEL INMUEBLE

Nuestro Tribunal Constitucional, en su sentencia de 16/02/2017, acaba de declarar contrarios a los principios de equidad y capacidad económica de la Constitución Española (Art. 31 CE), los artículos de la normativa Foral de Guipúzcoa, 16/1989 que regulan el cálculo de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), también conocido como plusvalía municipal.

Lo cierto es que la peculiar forma de cálculo de la base imponible, que grava sistemáticamente el valor catastral del suelo por unos coeficientes, multiplicándose por los años de tenencia hasta un máximo de 20, ha dado lugar a una desproporción entre el incremento real del valor y la carga impositiva, especialmente en tiempos de crisis inmobiliaria. Este incremento ficticio, provoca que deba pagarse tanto en los casos en que ha habido incremento de valor como en los que no ha habido, o incluso cuando ha disminuido. Ello, a juicio del Tribunal, inevitablemente contraviene el principio constitucional de la tutela judicial efectiva (Art 24 CE) dada “la imposibilidad de probar la inexistencia de un incremento de valor… es algo consustancial, inherente, a la propia naturaleza de la ficción jurídica que la norma contempla”.

Algunos Juzgados y Tribunales sin embargo, ya habían estimado las demandas de algunos contribuyentes cuando el hecho imponible del citado tributo no había tenido lugar, es decir, cuando no existía tal incremento.

Sin embargo, no ha sido hasta que el Juzgado de lo Contencioso – Administrativo número 3 de San Sebastián cuando nuestro TC ha tenido que analizar el alcance de la legalidad de la norma (arts. 1, 4 y 7.4, de la Norma Foral 16/1989 de Guipúzcoa y arts. 107 y 110.4 de la Ley de Haciendas Locales o LHL) por posible infracción del principio de capacidad económica (art. 31 CE) y del derecho de defensa (art. 24 CE).

Cabe señalar que la sentencia se ciñe a la normativa foral de Guipúzcoa, pero los preceptos anulados son coincidentes con los de la normativa estatal del mismo impuesto. No obstante, resulta importante destacar que el TC no declara nulo el impuesto en general, sino que declara nulos los preceptos de la Ley foral, únicamente cuando sometan a tributación “situaciones inexpresivas de capacidad económica”, esto es, aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la transmisión, impidiendo a los contribuyentes acreditar que no se produjo efectivamente un incremento de valor.

Esto no es óbice para considerar lícita la forma de cálculo del impuesto cuando sí exista incremento de valor, por exiguo que sea éste. Pero aunque pudiera resultar la norma constitucional, cuando existe una manifiesta desproporción entre las cuantías liquidadas y los valores reales, el impuesto pudiera ser confiscatorio, y en consecuencia, cabe plantear su anulación. Así se han pronunciado algunos Tribunales Económico – Administrativos Regionales.

 Por último, debemos apuntar a los efectos temporales de la sentencia de nuestro TC, que no fijan limitación ex tunc, y en consecuencia, parece posible pedir la devolución de las cantidades ingresadas indebidamente, siempre y cuando la liquidación no hubiera adquirido firmeza o hubiese sido objeto de sentencia firme (“cosa juzgada”).

Habida cuenta de que los argumentos de la sentencia son directamente aplicables a los artículos 107 y 110.4 Ley de Haciendas Locales, cabe esperar una modificación de la norma estatal, por lo que este despacho profesional estará atento para mantenerle debidamente informado.

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